A principios de agosto de 2013 el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) avanzaba en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa.
En ese marco distintas organizaciones de la sociedad civil – que desde hace años trabajan impulsando la aprobación de un marco legal adecuado- realizaron un llamado de alerta con el propósito de que la Asamblea Legislativa apruebe un texto que garantice el ejercicio pleno del derecho a la información.
Según informó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la entidad solicitó formalmente a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados – ámbito en la que se está considerando el proyecto de ley- la supresión de cuatro excepciones previstas en la iniciativa “por considerarlas contrarias a las normas constitucionales” y al principio de que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado”.
Las observaciones planteadas por la organización apuntan al parágrafo primero del artículo 42 del proyecto que comprende 11 excepciones al acceso a la información. De estas, las que generan “especial preocupación son los incisos: b) referida a las acciones estratégicas sobre recursos naturales, j) información respecto a estudios de impacto ambiental, k) información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida y i) otras determinadas por ley o decreto supremo”, advirtió la ANP en un Comunicado fechado el 8 de agosto.
Asimismo se planteó preocupación por el parágrafo cuarto del mismo artículo “por la apertura a la discrecionalidad en definir el carácter de información clasificada o reservada que se da a distintos órganos del Estado, lo que hace prácticamente indeterminado el universo posible de excepciones”.
La Asociación también cuestionó el contenido del artículo 43 que faculta a los cuatro órganos del Estado, la Procuraduría General, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para calificar información bajo la figura de “reservada”. Abogó por la adopción de un régimen de excepciones que se ajuste a los estándares internacionales y a la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA.
En un sentido similar también se pronunciaron la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Fundación Construir y Bolivia Transparente. En un comunicado conjunto, estas organizaciones advirtieron que “limitar el acceso a la información pública ambiental no solo rebasa los estándares internacionales, sino que infringe los derechos de consulta establecidos en la propia constitución boliviana, particularmente los artículos 343 y que establece que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental y el 352 que determina que la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que sea libre, previa e informada”.