La República Argentina posee un fuerte reconocimiento normativo de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA), los cuales poseen protección constitucional, no sólo a través de artículos específicos dentro de su parte dogmática, sino también por medio de la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Si bien la nueva Constitución Política de Bolivia ha avanzado en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, la ausencia de una ley específica que reglamente y garantice su implementación determina la existencia de importantes obstáculos para el ejercicio de este derecho.

En Brasil, la puesta en práctica de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha contribuido a desarrollar el uso de esta herramienta como parte de la estrategia de intervención de distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos.

En los últimos años Chile ha avanzado en la efectivización del derecho de acceso a la información pública. Especialmente gracias a la aprobación de la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, y las tareas desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil y el Consejo para la Transparencia.

Si bien en Paraguay los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son objeto de protección constitucional y convencional este reconocimiento normativo aún no se ha traducido en una tutela judicial robusta de estos derechos.

En el plano normativo, Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) como derechos exigibles. Sin embargo persisten múltiples obstáculos para su justiciabilidad como fue detallado en este informe.