Derecho de acceso a la información pública; sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información.
Campaña impulsada por ONGs que trabajan en la promoción del acceso a la información en Argentina que busca la sanción en el Congreso de la Nación de una ley de acceso a la información pública.
En el presente caso, el acceso a la información pública se posiciona como un objetivo, una herramienta que se busca fortalecer dentro del ordenamiento jurídico argentino por medio de la sanción de una ley nacional que la reglamente de forma integral y efectiva.
La campaña “Saber es un derecho, ¡que ahora sea ley!, por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública‖ fue promovida por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro e Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano, entre otras. A ella adhirieron alrededor de 110 organizaciones y 780 personas particulares. La campaña buscó destacar la importancia del acceso a la información pública como una herramienta para poder ejercer otros derechos fundamentales, monitorear la transparencia de la gestión pública y fomentar la participación ciudadana.
Sus promotores entregaron un documento a los legisladores de ambas Cámaras del Congreso Nacional, en el cual se reclamó la sanción de la ley y se plantearon los estándares mínimos que debía cumplir para garantizar el ejercicio pleno de tal derecho. Los organizadores argumentaron que la ley debía establecer «mecanismos claros para poder reclamar y recibir información que se encuentra en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de crear una autoridad de aplicación eficaz, fijar plazos breves para la entrega de estos datos y establecer excepciones concretas en las que sea posible restringir la información».
Ante el trato simultáneo que se le dio al tema en ambas Cámaras, a través de una diversidad de proyectos de ley presentados por diferentes representantes de todo el espectro político, también se reclamó la coordinación del trabajo y la generación de consensos que permitieran la sanción de una ley de calidad.
Luego de la sanción del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, y a pesar de contar con el apoyo de varios partidos políticos de la oposición, el proyecto perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados al no ser tratado durante 2012.
El caso se plantea a raíz de la importancia del acceso a la información como forma de efectivizar otros derechos. Buscó también contribuir al fortalecimiento de la democracia, al promover la transparencia dentro de sus instituciones. A pesar de no sancionarse la ley, la campaña logró instalar en la opinión pública el debate sobre la ley en el Congreso, obteniendo publicaciones en la mayoría de los grandes medios de difusión del país.