Acceso a la información pública para la participación ciudadana en torno a la protección de los derechos ambientales.
Conjunto de acciones de incidencia y de monitoreo de la política pública vinculada al desarrollo de un proyecto de inversión extranjera para la explotación de la minería a cielo abierto en Uruguay.
En basa a información pública obtenida por distintos mecanismos el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) creó el Observatorio minero de Uruguay y desplegó una serie de acciones de incidencia con el propósito de monitorear el proceso de autorización del proyecto minero Valentines y de promover la participación ciudadana con miras a prohibir la megaminería a cielo abierto dentro del territorio.
En el año 2007 el grupo transnacional Zamin Ferrous se instaló en Uruguay con la intención de sumar al país a la lista emprendimientos de minería de gran porte que tiene en la región. Su filial local, la empresa Aratirí, trabaja desde entonces para la concreción del Proyecto Valentines. Éste supone la operación simultánea de cinco minas a cielo abierto para la extracción de 18 millones de toneladas anuales de hierro, la creación de un mineroducto y acueducto de más de 200 km, la construcción de un puerto de gran calado sobre la costa oceánica del país y de nuevas líneas de alta tensión para cubrir las necesidades energéticas del emprendimiento, impactando directamente en seis de los 19 departamentos del país.
La necesidad de contar con información clara, completa, veraz y oportuna sobre esta iniciativa y sobre la marcha de las negociaciones para su concreción entre la empresa y el gobierno nacional, determinó que hacia principios de 2011 se creara el Movimiento por un Uruguay sustentable (MOVUS).
A partir del marco conceptual dado por el Principio 10 de la Declaración de Río y de la noción del AIP como presupuesto para el ejercicio de la participación ciudadana, el MOVUS desplegó diversas estrategias tendientes a obtener información e incidir de manera efectiva en el debate público que estaba impulsando respecto a la inconveniencia de desarrollar en el país este tipo de emprendimientos extractivos: creó el Observatorio Minero del Uruguay, Impactos y voces desde la sociedad, presentó solicitudes de acceso a la información pública, generó contenidos periodísticos y materiales de difusión que fueron distribuidos en espacios públicos a partir de la información que fue obteniendo y sistematizando.
En noviembre de 2011 el movimiento presentó dos solicitudes de acceso a la información pública en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, ley 18.381, tendientes a conocer algunos detalles sobre los avances en las negociaciones del Gobierno Nacional con la minera. Éstas estuvieron dirigidas a la Presidencia de la República y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
En marzo de 2012 ante la falta de respuesta de ambos organismos el caso fue llevado a la justicia. Para esta acción el MOVUS contó con el patrocinio legal del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
Durante el juicio la Presidencia alegó no tener la información solicitada. El co-demandado MTOP sostuvo el carácter confidencial de los datos que le fueron requeridos. El 12 de marzo de 2012, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de los Contencioso Administrativo condenó a los demandados a entregar la información –con algunas limitaciones- en el plazo de 15 días (JLCA de 2° Turno, Sentencia 19/2012).
El MOVUS ha continuado utilizando la ley de acceso a la información. También ha realizado el monitoreo del proceso de autorización final del proyecto, promoviendo diversas estrategias de participación ciudadana.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó la información. La Presidencia de la República se mantuvo en que no poseía la misma, aunque finalmente el contrato solicitado tomó estado público cuando llegó al Parlamento Nacional.
Según la evaluación que realizaron integrantes del MOVUS las acciones de incidencia desplegadas en torno al Proyecto Valentines demoraron la aprobación final del mismo y obligó a sus promotores a la presentación de un segundo Estudio de Impacto Ambiental.
En el caso de la experiencia del Movimiento por un Uruguay Sustentable el principal desafío ha consistido en idear estrategias que le permitan al movimiento social contar con información oportuna y de calidad sobre el proyecto en cuestión, de manera de poder “nivelar‖ y/o mejorar sus capacidades de incidencia en relación a las de otros actores – por ejemplo, la propia empresa, el gobierno, el parlamento- que cuentan con mayor información para intervenir en el debate público. Ello se ha tornado más complejo cuando los mecanismos dispuestos por la LAIP no se han cumplido.
La estrategia desarrollada por el MOVUS contribuyó a evidenciar la utilidad de la información pública para el monitoreo social de las políticas públicas y la incidencia en torno a la agenda vinculada a la protección de los derechos ambientales. La sentencia que recayó en la acción judicial promovida en este caso, expuso consideraciones sobre la relación directa existente entre acceso a la información pública y participación democrática en especial a lo relativo a las decisiones referidas a temas ambientales.