Derecho ambiental, derecho a la salud, participación ciudadana, acceso a la información ambiental.
Masivas protestas y oposición de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil a la realización de un mega-proyecto hidroeléctrico por considerarlo nocivo para el medio ambiente.
Se realizaron alrededor de 33 reclamaciones ante el Consejo para la Transparencia por denegación de información de distintos organismos vinculados a este caso en cuanto a las irregularidades del proceso.
El proyecto hidroeléctrico HidroAysén consiste en la construcción de cinco centrales de generación más una línea de transmisión de corriente continua de unos 1.900 kilómetros para inyectar electricidad al sistema interconectado central (SIC). Las represas y la línea de transmisión no son dos proyectos distintos, al menos no en términos ambientales ni energéticos, sino un solo mega-proyecto, el más grande que se haya planteado nunca en Chile. Sin embargo, el proyecto fue fraccionado en dos partes ingresándose a evaluación ambiental únicamente las represas y dejando fuera la línea de transmisión. La decisión de dónde, cuándo y cómo emplazar las represas fue adoptada por la empresa Centrales Hidroeléctricas Aysén S.A., creada en 2006, cuyos accionistas son dos de los más importantes generadores eléctricos en el país, Endesa Chile y Colbún S.A.
La oposición a la construcción de las represas se gestó en los inicios del proyecto (año 2007) y está liderada por el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP). Antes de que la oposición al proyecto Hidroaysén se extendiera a distintos puntos del país, los grupos organizados que reclamaban por la construcción de los embalses hidroeléctricos en los ríos Baker y Pascua se concentraban en Aysén. Entre estas organizaciones, se encontraba entre otras, Patagonia sin Represas, movimiento que ha utilizado la Ley de Transparencia para obtener documentos oficiales.
Muchas de las solicitudes de acceso a la información pública han terminado en el Consejo para la Transparencia, donde han corrido distinta suerte. Uno de los fallos más relevantes tuvo lugar en 2011 cuando se ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregarles todos los informes relativos a Hidroaysén, incluyendo las copias de correos electrónicos institucionales intercambiados durante el proceso de evaluación ambiental. «Este Consejo advierte que la información requerida en la especie constituye un elemento esencial para el ejercicio del control social de la actividad de los organismos a quienes se ha requerido su intervención en la evaluación técnica del Proyecto Hidroeléctrico Aysén», se lee en la resolución.
Pese a que el proyecto Hidroaysén ya fue aprobado, existen reclamaciones pendientes ante la autoridad ambiental, por lo que distintas organizaciones de la sociedad civil han seguido buscando documentos que le permitan detectar irregularidades en el proceso. Además, aún está pendiente la evaluación de la línea de transmisión, ya que los titulares del proyecto están buscando el apoyo del Gobierno para esta iniciativa y así evitar posibles conflictos con las comunidades afectadas por su trazado.
A medida que la decisión de la autoridad ambiental se acercaba, y gracias a la labor de difusión de las organizaciones contrarias al proyecto, la ciudadanía fue sumándose al rechazo y el malestar cristalizó en una sistemática y decidida manifestación ciudadana en diferentes puntos del país.
El estudio de impacto ambiental original de HidroAysén recibió miles de observaciones de la autoridad y más de diez mil de la ciudadanía. Así, la actual administración critica que el Gobierno anterior no haya aplicado el artículo 24 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el único que permite rechazar de plano un proyecto por falta de información relevante y esencial.
Aun así, luego de largas modificaciones y en un clima de gran expectación en todo Chile, el proyecto se aprobó el 9 de mayo de 2011. Sin embargo, se han presentado diversas quejas parlamentarias y ciudadanas, recursos judiciales y una investigación a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado debido a las irregularidades de la aprobación.
Esta aprobación fue suspendida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el 20 de junio del mismo año, producto de las irregularidades del proceso. Asimismo según un estudio hecho por La Tercera, la desaprobación del proyecto ascendería a un 74% de la ciudadanía.
Finalmente, el 4 de abril de 2012 la Corte Suprema de Chile falló a favor del proyecto de centrales hidroeléctricas, desestimando los recursos presentados por grupos ambientalistas.
Respecto a la segunda parte del Proyecto HidroAysén que contempla un tendido eléctrico para transportar la energía generada por las centrales hacia los principales centros de consumo, la empresa anunció que éste sería sometido a evaluación ambiental a fines del año 2012, aunque en mayo de ese año, Colbún S.A. solicitó la suspensión de dicha tramitación aduciendo la falta de un marco adecuado para proyectos energéticos de tal envergadura.
El 30 de mayo de 2012, el Grupo Matte, dueño de Colbún S.A. y, a través de éste, del 49% de HidroAysén, anunció mediante un hecho esencial remitido a la Superintendencia de Valores y Seguros que solicitaría al directorio de HidroAysén suspender la tramitación ambiental de la línea de transmisión del proyecto eléctrico, aduciendo que la falta de una «política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere» no proporcionaría un marco adecuado para «desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad».
En septiembre de 2013, aún estaban pendientes reclamaciones administrativas del titular y otras que tienen que ver con las observaciones ciudadanas que se hicieron al proyecto y que no fueron debidamente consideradas en los argumentos de la aprobación del mismo. Estas reclamaciones, según la ley 19.300, deben ser resueltos por un Comité de Ministros (integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura; de Energía, y de Minería). Estos organismos por ley tienen un plazo de 60 días para resolver pero al parecer están postergando la decisión para después del cambio de gobierno. También hay algunas solicitudes de invalidación administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental pendientes ante el mismo Servicio de Evaluación Ambiental.
Respecto de la ciudadanía, el rechazo al proyecto sigue siendo mayoritario sobre todo en Coyhaique (87,2% según los últimos sondeos) pero no hay actualmente grandes movilizaciones a raíz de esto (además hay otros temas, educación, elecciones, etc.) Además hay mayor conciencia de que el proyecto de represas como está diseñado, no es viable (incluso lo dijo la Presidenta Bachelet en un debate presidencial). Por todas estas razones a la empresa se le rechazó el proyecto.
No obstante la alta participación ciudadana, el proceso no estuvo exento de inconvenientes. El primero y el más evidente tiene relación con el volumen y la complejidad del Estudio de Impacto Ambiental (tiene alrededor de 10.000 páginas), por lo que muchas de las observaciones ciudadanas tuvieron que canalizarse a través del Consejo de Defensa de la Patagonia, lo que demuestra que existe poco espacio para la participación de las personas individuales.
La participación ciudadana se concretó en 10.081 observaciones. No obstante su cantidad, pueden reducirse a doce argumentos u observaciones tipo, lo que demuestra, según algunos actores, la manera de operar de las organizaciones ciudadanas, que han comenzado a utilizar la estrategia de repetir las observaciones con el objeto de impactar en la comunidad.
Todo el proceso de búsqueda y difusión de información sirvió para crear conciencia en la ciudadanía e informar los impactos del proyecto, generando una gran oposición y protesta social durante el 2011.