Acceso a la información en salud sexual y reproductiva.
Informe realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) enmarcado en una investigación llevada adelante en nueve países de América Latina, durante 2012. Su objetivo fue dar un panorama general de los avances y desafíos existentes en la región para acceder a la información pública en materia de salud sexual y reproductiva, con el fin de otorgarle el producto final del trabajo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ADC realizó pedidos de información pública al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Educación de la Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de obtener información relevante sobre diferentes interrogantes vinculados a la salud reproductiva, así como también de medir el nivel de funcionamiento del acceso a la información pública en dicha materia.
El 16 de marzo de 2012, la ADC realizó un pedido de información pública al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Educación de la Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de obtener información relevante vinculada a partidas presupuestarias destinadas al programa de servicios en salud sexual y reproductiva, estadísticas sobre la realización de abortos legales e ilegales en Argentina, mortalidad materna, educación sexual, anticoncepción, etc. De los cuatro organismos, sólo el Ministerio de Salud de la Nación contestó el pedido de información realizado, si bien lo hizo de manera parcial.
En el informe se detectan los vacíos normativos y las deficiencias persistentes en la implementación de las leyes de acceso a la información en Argentina, así como en la provisión de información objetiva, veraz y oportuna sobre derechos sexuales y reproductivos en las instancias gubernamentales.
Los datos obtenidos a través de la investigación muestran problemas estructurales en materia de acceso a información pública relevante para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y para el desarrollo e implementación de legislación y políticas públicas en la materia.
Los obstáculos encontrados para acceder de forma oportuna a la información pública solicitada evidencian que el Estado carece de información pertinente, completa, actualizada y adecuadamente desagregada (por sexo, edad, etnia y otros factores de riesgo y vulnerabilidad) sobre la temática en cuestión.
En el caso de las consultas sobre ejecución presupuestaria, a la hora de brindar información, el Ministerio requerido la brindó en terminología que resultaba inentendible, por tanto inaccesible, si se carece de una capacitación mínima en contabilidad.
En otros casos, como el de las preguntas referidas al aborto, el Estado carecía por completo de información oficial. Lo mismo ocurre a la hora de requerir información desagregada por etnia, escolaridad y condición civil de las mujeres. Ello puede vincularse a la falta de obligaciones de transparencia activa en el Decreto 1172/03, el cual tampoco prevé ningún tipo de normativa en relación a archivos, producción o conservación de información.
Los Ministerios de Educación y de Justicia de la Nación, por su parte, no proporcionaron la información solicitada en los pedidos ni explicaron las razones de dicha omisión.
El informe demuestra por medio de ejemplos concretos, por qué la falta de información en cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres afecta de manera directa sus derechos, por cuanto la falta de información adecuada impide el acceso a servicios de salud esenciales, obstaculiza la toma de decisiones objetivas e informadas y dificulta el desarrollo de políticas públicas idóneas y eficientes para lidiar con los problemas sociales, económicos y culturales que afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
A su vez, el informe buscó ser un documento complementario de diagnóstico y monitoreo del cumplimiento de estándares internacionales en materia de acceso a la información reproductiva, de acuerdo a los estándares interamericanos desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se quiso poner de relieve la importancia del acceso a la información para el ejercicio de otros derechos humanos, en este caso, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El informe finaliza con una serie recomendaciones, destinadas a la CIDH, para que ella a su vez inste a los Estados a adoptar una serie de medidas tendientes a mejorar el acceso a la información pública y la situación actual de la salud reproductiva y sexual de las mujeres.