Acceso a la información pública como herramienta para la protección del derecho a la igualdad y el acceso a la educación universitaria.
Conjunto de solicitudes de acceso a la información pública, acciones de incidencia y litigio estratégico.
A principios de la década del 2000 el sistema de evaluación para el ingreso de estudiantes a la universidad en Chile experimentó una serie de cambios que desembocaron en la implementación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Desde entonces, la PSU ha sido blanco de importantes cuestionamientos por parte de investigadores independientes, académicos, organizaciones de la sociedad civil y del movimiento estudiantil.
Entre algunos argumentos estos colectivos han venido denunciando que el sistema de selección ha estado pautado por la falta de transparencia, al tiempo que ha favorecido la segregación de los estudiantes con menos recursos y la consolidación de un modelo que discrimina a los estudiantes con formación técnico-profesional. Ante esta situación la Fundación Pro Acceso ha venido trabajando para que una serie de informaciones sobre la PSU tomen estado público y a partir de allí incidir en la reforma del sistema para tornarlo más transparente y equitativo.
A lo largo de los últimos años y en su calidad de organización experta en acceso a la información pública y litigio estratégico, la Fundación ha articulado su trabajo con investigadores y académicos independientes, con organizaciones con expertise en el derecho a la educación y organizaciones estudiantiles. Esto ha permitido avanzar en el acceso a la información sobre las pruebas de selección universitarias y posibilitar la concreción de distintas acciones de incidencia y litigio en defensa del derecho a la educación. Esta estrategia ha sido complementada con la producción y difusión de dos informes que han facilitado la consideración pública de esta problemática en distintos ámbitos: Acceso a la información y sistemas de medición en educación en Chile: El caso de las pruebas de admisión y Transparencia en evaluaciones e instrumentos de medición de altas consecuencias.
En el año 2007 la Fundación Pro Acceso, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y un grupo de académicos elevaron una petición ante la justicia para lograr el acceso a un informe elaborado años antes por el Educational Testing Service (ETS) cuyo contenido era mantenido en reserva por las autoridades. La petición pretendía que la sociedad chilena pudiera conocer la evaluación del PSU realizada por esta prestigiosa firma. El estudio había sido solicitado por el Rector de la Universidad de Chile ante una serie de cuestionamientos que habían surgido al nuevo sistema de admisión universitaria tras su primera implementación. En esa época, Chile no contaba aún con una Ley de Acceso a la Información Pública como la que sobrevino luego en el año 2008.
Ante distintos reclamos para que dicho informe tomara estado público, las autoridades de la época adujeron que existían cláusulas de confidencialidad impuestas por la firma ETS que impedían que se hiciera público el documento. «Luego de infructuosas gestiones y reiteradas peticiones por parte de académicos, líderes estudiantiles y de la sociedad civil, las cuales fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades universitarias, se optó por recurrir a una solicitud de información por la vía de tribunales». Presentada la acción la justicia denegó la petición de información por cuestiones formales.
Sin embargo una nueva solicitud de información realizada años más tarde por la Fundación Pro Acceso permitió que la evaluación realizada por ETS tomara estado público en 2012. La respuesta permitió corroborar que la cláusula de confidencialidad invocada era inexistente.
Asimismo, a través de la utilización de la Ley de Acceso a la Información Pública y del litigio ante el órgano garante -el Consejo para la Transparencia-, se obtuvieron actas del Consejo de Recortes de las Universidades de Chilenas (CRUCh). De la información lograda surgió que cuando se adoptó la medida de implementar la Prueba de Selección Universitaria el Consejo de Rectores recibió información respecto a que esta prueba tenía la potencialidad de provocar mayor segregación social y fomentar que la genta más rica pudiera acceder a la Universidad. Y que por lo tanto, el sistema de admisión tenía que ser reevaluado para que no se produjeran estos efectos.
La falta de transparencia en torno a los sistemas de evaluación de la educación en Chile determinó que a partir de la primera aplicación de la PSU y durante diez años, la población recibiera por parte del Consejo de Rectores «comunicados e informes que avalaban el buen desempeño de las pruebas». A juicio de la Fundación Pro Acceso, a lo largo de estos años «la falta de transparencia y el férreo control de la información permitieron mantener el statu quo sin corregir las falencias de las pruebas de admisión».
En mérito de ello, en abril de 2012 junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) la organización emprendió una nueva acción y solicitó al Consejo para la Transparencia (CPLT) que, en ejercicio de sus facultades legales, diera curso a una instrucción o recomendación a las autoridades del Estado con competencia en Educación, con el objetivo de mejorar los estándares de transparencia y acceso a la información en el proceso PSU. La petición fue acogida favorablemente.
Finalmente, «luego de diez años desde su primera aplicación, en enero del 2013, expertos de la consultora Pearson Education emitieron un informe muy negativo con respecto a la PSU, manifestando serios reparos con respecto a la calidad y equidad de este instrumento de selección y objetando el uso de puntajes PSU para fines tales como la asignación de becas y beneficios estudiantiles».
Paralelamente a este conjunto de acciones realizadas para lograr mejorar la trasparencia en torno al sistema de selección universitaria en Chile se han venido planteando distintas acciones para promover la reforma de fondo del sistema de admisión. En este sentido, en 2012 la Fundación Pro Acceso patrocinó una demanda promovida por estudiantes y académicos contra el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y el Ministerio de Educación. El litigio consistió en la presentación de un Recurso de Protección (acción de tutela constitucional) en el que se afirmó que la PSU discrimina a los estudiantes con formación Técnico- Profesional por cuanto se base en un currículo científico-humanista.
La Corte Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el Recurso de Protección por manifiesta falta de fundamento y por no estar amparado por un derecho tutelado por esa acción de tutela. Más allá de la decisión judicial, como resultado de este litigio una de las universidades anunció que cambiará su sistema y dará más preferencia a las evaluaciones que tienen los estudiantes en sus calificaciones en la educación secundaria.
Frente a la denegatoria de la justicia local, se agotó la vía interna y en julio de 2012 se demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.