Acceso a la información, derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano.
Reclamo de los vecinos del barrio Gabriel González Videla por el alcantarillado de su barrio.
Realización de pedidos de AIP a distintos organismos públicos para identificar a los responsables por el alcantarillado del Barrio Gabriel Gonzáles Videla.
La Población Gabriel González Videla ubicada en el Barrio Club Hípico de la comuna de Santiago desde mediados de la década de los 80 enfrenta un problema serio en términos sanitarios y medio ambientales, ya que el alcantarillado se obstruye de manera frecuente debido a que el diseño no cumple con los estándares mínimos establecidos en la actualidad por la autoridad sanitaria.
A pesar de que la comunidad ha realizado durante un largo tiempo múltiples gestiones, la información que se les entregaba no era clara ni orientadora y les impedía saber con claridad el camino a seguir para solucionar su problema.
En 2009, en el marco del desarrollo del Proyecto “Quiero mi Barrio‖, coordinado por la Corporación Participa, la comunidad liderada por el Consejo Vecinal de Desarrollo Social «Gabriel González Videla» (CVD), se movilizó pidiendo a la empresa sanitaria Aguas Andinas S.A. -encargada de la distribución de agua potable, de la recolección y disposición de las aguas servidas en la comuna de Santiago-, un estudio que determinara las mejoras necesarias para dar solución definitiva al problema del alcantarillado.
Recién un año después, en abril de 2010, se dieron a conocer los resultados del estudio que señalaba que el arreglo del alcantarillado tendría un costo aproximado de $600.000.000 (seiscientos millones de pesos, equivalentes a un millón trecientos mil dólares), los que según la empresa Aguas Andinas S.A y la Municipalidad de Santiago, debían ser asumidos totalmente por los vecino/as, ya que al encontrarse el desperfecto en la red que pasa por el interior de terrenos particulares, el financiamiento de la reparación era de exclusiva responsabilidad de los propietarios.
En este contexto y con el fin de apoyar a la comunidad en la solución del problema, Corporación PARTICIPA realizó una capacitación al CVD sobre nociones básicas y formas de uso estratégico de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que los vecino/as de la Población Gabriel González Videla solicitaran la información que les permitiera conocer el estado de las cosas y los caminos a seguir, ya que los cursos informales de información, no habían dado resultado y los antecedentes existentes eran imprecisos.
El Consejo Vecinal presentó seis solicitudes a distintos servicios públicos, dirigidas a conocer la o las entidad/des responsable/s en repararlos alcantarillados en mal estado.
Todas las respuestas indicaron que la responsabilidad de reparar las redes de alcantarillado públicos recaía en la empresa sanitaria concesionaria, que en este caso es Aguas Andinas S. A., y que la reparación de la red de alcantarillado al interior de la línea de cierre de cada propiedad correspondería al propietario de cada inmueble.
En síntesis, la recepción de estas respuestas fue importante por tres razones: los órganos públicos diferenciaron los ámbitos de sus responsabilidades; los pobladores se enteraron que a pesar de esta eventual responsabilidad propia en la reparación existen subsidios y fondos que podían financiar ese proyecto; y en virtud de la solicitud de información, la Superintendencia de Servicios Sanitarios inicia una investigación del estado en que se encontraban los colectores.
Con estas solicitudes en pocos meses se lograron avances sustanciales en obtención de información en comparación con los logrados mediante la petición de información por vías informales y alternativas.
Se presentaron nuevas solicitudes orientadas a identificar aquellos subsidios que entrega el Estado para el mejoramiento y reparación de alcantarillado. Las respuestas a estas solicitudes reiteraron que la responsabilidad de solventar los gastos de la reparación correspondería a cada propietario, pero se mencionó la posibilidad de acceder a subsidios estatales para solventar los costos de la reparación.
Esta información fue relevante ya que a partir de ella el CVD comenzó a averiguar con mayor detalle y profundidad los requisitos y exigencias para la postulación a estos fondos y, luego de un par de meses de gestiones, por primera vez en su larga historia conocieron la posibilidad de postular a financiamiento público para la reparación del alcantarillado defectuoso.
Asimismo, se realizaron gestiones con tomadores de decisión, con el objetivo de conseguir información acerca de posibilidades de apoyo para la reparación del alcantarillado, el CVD con apoyo de Participa, organizó una Asamblea informativa que contó con la presencia de diversas autoridades del sector público, donde se supo que la Municipalidad de Santiago había presentado, hacía más de un mes, un proyecto de reparación y mejoramiento del alcantarillado ante el Gobierno Regional.
En paralelo, se realizaron más gestiones para conocer más en detalle la responsabilidad de la Empresa Aguas Andinas en la resolución del problema, para lo cual se le requirió información. Ante la denegatoria se debió recurrir al Consejo para la Transparencia.
Se procuró la asesoría legal de la Fundación Pro Bono, institución que presta asistencia legal gratuita a casos de infracción de derechos que revistan un interés público.
Asimismo, se buscó apoyo político a nivel administrativo y legislativo, obteniendo el respaldo de algunos legisladores. Incluso se logró llegar directamente al Alcalde, quien entregó información oficial y actualizada sobre lo que estaba haciendo la municipalidad para la tramitación de un proyecto para la solución del alcantarillado público y se comprometió a buscar otros fondos de financiamiento ante el Ministerio del Interior o de Vivienda para reparar el alcantarillado en la parte interna de las viviendas. También comprometió el trabajo de su equipo técnico en la agilización de la tramitación de un Fondo para el Desarrollo Regional (FNDR) para ocuparlo en esta situación. Este proceso de apoyo de autoridades políticas fue clave para el avance en la resolución del conflicto.
Para dar seguimiento a los proyectos, entre octubre y diciembre de 2011, se organizaron mesas de trabajo conformadas por profesionales del equipo técnico municipal, la directiva del CVD, la Fundación Pro Bono y miembros del equipo de Corporación Participa. El objetivo de estas mesas de trabajo fue dar seguimiento a la tramitación del proyecto, generar acuerdos entre las partes y distribuir responsabilidades y tareas.
El 11 de Enero de 2012, en reunión pública del Consejo Regional Metropolitano (CORE) el proyecto fue aprobado por la unanimidad, lo que significó la asignación de 200 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional para la reparación y mejoramiento del alcantarillado público de la Población Gabriel González Videla.
Por otra parte, respecto de la reparación del alcantarillado que se realizará al interior de las viviendas el Consejo postuló al Fondo de Patrimonio Familiar, único fondo público a través del cual es viable financiar la reparación del alcantarillado ubicado al interior de las viviendas. La postulación oficial se hizo en enero de 2012, encontrándose en la actualidad en proceso de evaluación.
a. Dificultad en la identificación de los responsables de llevar adelante las reparaciones del alcantarillado; b. mantener a la población interesada y movilizada por la problemática. Para solucionar esta dificultad se identificó como importante mantener informada a la comunidad mediante información sistematizada y actualizada.
Este caso refleja cómo el derecho de acceso a la información sirve para habilitar la participación ciudadana y ejercer otros derechos. A través de la movilización comunitaria y el uso de esta herramienta se logró que el Estado dé respuesta a un reclamo y que se avanzara en la efectivización de los derechos.