Acceso a la información pública, participación ciudadana.
Proceso llevado adelante para lograr la sanción de la Ley Orgánica Municipal de Acceso a la información pública.
El objetivo central de la iniciativa fue lograr la sanción de una Ley Orgánica Municipal que garantizara el acceso a la información pública.
La propuesta legislativa fue presentada al Parlamento Nacional en agosto del 2006. Distintas ONGs plantearon la necesidad de llevar adelante un debate en la ciudadanía para lograr un consenso general sobre la nueva Ley orgánica.
Luego de una primera instancia en la que los legisladores se negaron a llevar adelante este debate, se logró a través de un proceso de cabildeo que se abra una instancia de discusión antes de que se tratara la ley.
Así, se consiguió que la ley fuera consensuada a través de reuniones consultivas y foros regionales efectuados entre 2007 y el 2009 por organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía organizada, autoridades locales; logrando una redacción en consenso a nivel nacional del modelo (que sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados) de la norma resultante que fue remitida al Senado.
Finalmente en la ley se logró incluir el Art. 68 sobre el Acceso a la información pública. Éste detalla: «Obligación de proporcionar información. La municipalidad estará obligada a proporcionar toda información pública que haya Constitución Nacional, dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días».
La Cámara de Senadores del Paraguay, aprobó en mayoría la sanción de la Ley «Orgánica Municipal» el 17 de Diciembre de 2009. El 12 de Febrero de 2010, el Poder Ejecutivo de la Nación promulga con fuerza de ley nacional la Ley Nº 3966 Orgánico Municipal.
a) Reticencia de los funcionarios de abrir el debate hacia el interior del país fundado, principalmente, en la idea de que a los ciudadanos no les interesa el tema ni se encuentran preparados para llevar adelante una discusión puramente legal; b) Asimismo, se esgrimía la falta de presupuesto necesario para llevar adelante el proceso de debate.
La norma finalmente aprobada como resultado de las acciones de incidencia desarrolladas por la sociedad civil establece la obligatoriedad de los gobiernos municipales de entregar información pública en un plazo no mayor a 15 días.
Además, los actores involucrados consideran que este hecho marco un importante hito en la vida democrática de la República, ya que para la elaboración del proyecto de la referida Ley participaron activamente Organizaciones de la Sociedad Civil y la ciudadanía organizada en Comisiones Vecinales.
De la misma forma otorga importantes herramientas a la ciudadanía para el acceso a la información pública, el control y monitoreo de las asignaciones presupuestarias, audiencias públicas, la iniciativa popular para la elaboración de ordenanzas, la elaboración participativa de los planes de desarrollo urbano ambiental y de planes de desarrollo socio económico entre otros.