Si bien en Paraguay los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son objeto de protección constitucional y convencional este reconocimiento normativo aún no se ha traducido en una tutela judicial robusta de estos derechos.
En este sentido, se identificaron diversos motivos para este escenario, tales como la falta de capacitación de los funcionarios judiciales, las búsquedas de soluciones alternativas por parte de las organizaciones de la sociedad civil y fallas estructurales en el sistema judicial. Sin embargo, se advierte por algunos actores que en los últimos años se han llevado adelante avances en el Poder Judicial con la inclusión de mallas curriculares en derechos humanos y en materia ambiental, con fortalecimiento de la estructura de un centro de formación permanente para Jueces y funcionarios y de una importante decisión de la Corte Suprema de Justicia que abrió las puertas a la aplicación de la teoría del control de convencionalidad.
Igualmente, algunas organizaciones plantearon que es pertinente avanzar en la aprobación de un nuevo código de organización judicial, de manera que se permita la inclusión y la visibilidad de un área específica de enlace, y mecanismos de acceso a la justicia en materia de DESCA.
En materia de acceso a la información pública, desde 2013 se han experimentado avances trascendentes en el reconocimiento jurídico de este derecho, contando el Paraguay con la Ley número 100 del mundo, una ley elaborada en base a las buenas prácticas contenidas en la Ley Modelo de AIP de la Organización de Estados Americanos. Además, por vía reglamentaria, el Paraguay ha avanzando en la vinculación entre acceso a la información y datos abiertos y favoreciendo la adopción de mecanismos de gobierno electrónico para facilitar la publicación y búsqueda de la información que debe publicarse en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa y de gestión de solicitudes de acceso a la información.