Todos los entrevistados fueron categóricos en afirmar que son muy pocas las organizaciones de la sociedad civil boliviana que han incorporado el uso de las herramientas del acceso a la información pública como parte de su estrategia de intervención y/o como línea específica de trabajo. La demanda de información pública ha estado concentrada en algunas experiencias muy puntuales de organizaciones y fundamentalmente en los periodistas.
De acuerdo a la impresión y experiencia de los actores consultados, este estado de situación respondería a una serie de factores. Entre otros: la fuerte polarización política que existe en el país – que incluye a la sociedad civil organizada-, el desconocimiento del derecho por parte de las personas y de muchos servidores públicos, la falta de procedimientos adecuados y efectivos para garantizar el acceso a la información derivada de la falta de un marco legal específico, y las malas prácticas que el Estado ha adoptado para la implementación de los pocos mecanismos existentes.
Este escenario evidencia “que hay toda una cultura de la información que aún hay que construir en Bolivia”.
Según la experiencia de la organización Bolivia Transparente que trabaja a nivel de todo el país “no sólo los ciudadanos no están informados sobre este derecho, sino las propias organizaciones ya sea ONG u otro tipo de entidades como las universidades que deberían cumplir una tarea importante de sensibilización.” 49 Precisamente según una consulta efectuada por la organización con distintos actores de la Academia, la temática del acceso a la información no forma parte de la currícula de la carrera de Derecho ni la de Periodismo actualmente. Otro factor relevante para esta organización es que el acceso a la información pública “no es visto como un derecho que permite el ejercicio de otros que vienen por detrás, siendo que nadie además ejerce derechos sobre los cuales no ha tenido conocimiento”.
Este panorama determina que las organizaciones que han asumido la lucha por el acceso a la información pública como parte de su plataforma estén principalmente abocadas a la incidencia política para lograr la aprobación parlamentaria de una ley de acceso a la información pública y a advertir los vicios que el texto a estudio del parlamento.
Idéntica opción han realizado las pocas organizaciones que han incursionado en cruzar la agenda del AIP-DESCA, con lo cual la estrategia del litigio estratégico como forma de avanzar en la exigibilidad judicial del derecho de acceso a la información pública se ha visto rezagada en el ámbito local, a excepción de algunos casos vinculados a la protección de los derechos indígenas y los derechos ambientales en los que el acceso a la información ha sido un elemento colateral, pero no estructural. De acuerdo a uno de los entrevistados seguramente los vacíos legales, la falta de procedimientos adecuados para el acceso a la información y la poca centralidad en la agenda política que ha tenido el tema del acceso a la información esté determinando la falta de casos de litigio.
Entre las organizaciones que trabajan exclusivamente la agenda de los DESCA también se ha privilegiado la incidencia política.
Además de la incidencia política, las organizaciones que trabajan en materia de acceso a la información pública relevadas se encontraban implementando las siguientes líneas de acción en materia de AIP:
a) La capacitación a periodistas (ANP)
b) Investigación aplicada sobre el acceso a la información pública (ANP y CEADESC)
c) Transparencia judicial (Fundación Construir)
d) Acceso a la información pública asociada al derecho a la consulta previa (Fundación Construir y otros colectivos vinculados a las comunidades indígenas).
e) Transparencia legislativa ( Bolivia Transparente)
f) Acceso a la Información Pública y Control Social (CEADESC).
Las organizaciones de la sociedad civil de Bolivia con las que se mantuvo una entrevista en profundidad para esta investigación fueron:
