La puesta en práctica de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha contribuido a desarrollar el uso de esta herramienta como parte de la estrategia de intervención de distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil.
Si bien este colectivo seguramente resulte pequeño en proporción a las enormes dimensiones del país, la entrada en vigencia de la ley ha permitido ampliar la demanda de información pública, ya no sólo a partir de las solicitudes promovidas por aquellas organizaciones expertas en la temática, sino por parte de nuevos colectivos. Esta diversificación de la demanda esté siendo – en parte- el resultado del trabajo de promoción y capacitación focalizado en la sociedad civil realizado por algunas organizaciones con larga trayectoria en esta temática, así como por el importante nivel de articulación y trabajo en red que se ha ido generando en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y a la promoción y defensa de los derechos humanos en general. No obstante los distintos actores consultados coinciden en señalar que aún persiste el desafío de que la sociedad civil organizada y la población en general se apropien en mayor medida de esta herramienta.
Esta diversidad de actores ha llevado a la vinculación de la agenda del acceso a la información pública con la de una multiplicidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como se desprende de los casos y experiencias mencionadas en este capítulo. La demanda de información sobre salud, educación, medio ambiente y en general sobre otros derechos humanos ha formado parte de la estrategia de distintas organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la conculcación de estos derechos y actuar en su protección. Al mismo tiempo varios de los casos documentados reflejan que la tutela del derecho a la información de las personas frente a estas temáticas también ha sido parte estructurante de la estrategia llevada adelante por distintos colectivos.
Si bien la utilización de la ley de acceso a la información ha permitido acceder a datos que antes eran sistemáticamente retenidos por los sujetos obligados, el aumento de la demanda no se ha traducido en todos los casos en el efectivo acceso a la información.
Como se ha planteado, el proceso de implementación de la nueva ley ha exhibido diversos obstáculos que dificultan o impiden el ejercicio del derecho (dificultades asociadas al diseño institucional, la reglamentación de los mecanismos a nivel de los distintos órganos, al sistema de apelación, la aplicación de las restricciones legalmente previstas y los requisitos exigidos a los solicitantes de información, entre otros mencionados en este capítulo).
Al igual que en otros países relevados la disponibilidad y el acceso a información de calidad debidamente desagregada sobre los derechos humanos continúa exhibiendo grandes desafíos. Esta situación debilita las capacidades de control social y dificulta las posibilidad de monitoreo de las obligaciones positivas del Estado en esta materia. Al igual que en otros países de la región se identifica en este punto un espacio fundamental para la incidencia desde la sociedad a efectos de que el Estado adopte las medidas necesarios y destine los recursos correspondientes de manera de asegurar la disponibilidad y el acceso oportuno a información sobre derechos humanos.