En el plano normativo, Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) como derechos exigibles. Sin embargo persisten múltiples obstáculos para su justiciabilidad como fue detallado en este informe.
Los casos presentados en este capítulo permiten también identificar importantes dificultades en lo que respecta al cumplimiento de las sentencias judiciales por parte del Estado en estas materias y el contralor que ejerce la justicia sobre las medidas dispuestas.
En lo que respecta al acceso a la información pública Uruguay cuenta con un marco normativo avanzado, no obstante lo cual, persisten serios desafíos en la implementación del mismo como fue planteado.
En lo que atañe al acceso a la información pública como herramienta para la intervención eficaz en materia de derechos, económicos, sociales y culturales la investigación realizada permite evidenciar la idoneidad de este mecanismo. Sin embargo se observó que aún son pocas las organizaciones de la sociedad civil que han incorporado el uso de esta herramienta como parte de su estrategia de intervención.
Frente al carácter instrumental de la información, la escasa disponibilidad de información presupuestal, indicadores y otros datos necesarios para el monitoreo de las políticas públicas con incidencia en los derechos humanos, se presenta como un desafío importante para el éxito de las estrategias que procuran profundizar en la exigibilidad de los DESCA a partir del uso de las herramientas del AIP.
En esta línea, los casos documentados en el presente capítulo contribuyen a visibilizar la importancia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el aumento de la demanda de información al Estado en estos temas. Varias de las experiencias reseñadas permiten afirmar existe en este punto un campo importante para la incidencia política y el activismo judicial de la sociedad civil con miras a que el Estado asegure la disponibilidad y el acceso oportuno a información sobre derechos humanos.